Crisis, recortes y derechos

Empezaré diciendo que no seré yo quien vaya a defender la pérdida de derechos adquiridos cuando buena parte de mi trayectoria profesional ha estado dedicada a defenderlos.


Intento analizar con la mayor sangre fría posible cuantas reacciones veo y escucho en relación con la crisis económica en la que andamos inmersos, más bien hundidos, y en cuanto a sus difíciles soluciones y a veces pienso que todo el  mundo tiene razón en dolerse en aquello que le afecta y otras veces pienso que muy pocas personas se plantean con un mínimo rigor la cruda realidad.


Las reacciones más visibles al último paquete de medidas acordado por el Consejo de  Ministros de ayer, 13 de julio, es la de los funcionarios de la administración pública en todos sus niveles.


El mayor detonante de su protesta es el hecho de que en estas Navidades de 2012 no vayan a cobrar la paga extraordinaria, si bien se anuncia que les será reintegrada en el 2015 mediante su ingreso en el fondo de pensiones. A ello se añade que van a tener que ampliar algo su jornada laboral, que se reducen a sólo tres los días para asuntos propios (los famosos "moscosos" y los menos famosos "canosos") y que ya por el gobierno anterior se les rebajó el sueldo una media del 5% en 2010. He oído alguna manifestación de que están perdiendo de esta forma alrededor de un 20% de poder adquisitivo. Yo no tengo ese dato y no puedo saber si es riguroso o no. Sí sé que es aún mucho mayor en numerosísimos sectores de la población.


Se puede comprender que es totalmente legítimo el sentimiento de agresión a derechos preestablecidos y adquiridos cuales son los que ahora se alteran y que quieran defenderse y mantenerse a toda costa. Desde ese planteamiento ese sentimiento y esa disposición es lo común en todos. A nadie le gusta empeorar en sus condiciones laborales y económicas. 


Lo que no veo tan claro es si los habitantes de este país somos plenamente conscientes del nacimiento, evolución y situación actual y real de la crisis económica que padecemos.


Hay demasiados españoles, millones, que no sólo han perdido su trabajo sino que también ven casi imposible encontrar otro, sea el que sea, por más que lo busquen y vaya pasando el tiempo. Pero también hay muchísimos, verdadera legión, de los que lo conservan o acceden a él, que han tenido que tolerar ver reducido su salario, reducidos o anulados sus incentivos y sus dietas, ampliada su jornada laboral, reducidos sus períodos de descanso, pagar cada vez más impuestos directos e indirectos con unos menores ingresos y no saber ni cuánto va a durarles el empleo. En muchos casos las empresas han planteado de frente la cuestión: o reducir costes, entre ellos los salariales, o cerrar por quiebra. Evidentemente se ha preferido mantener los puestos de trabajo en la medida de lo posible, aunque sea de modo precario.


Los profesionales liberales deberemos soportar un 21% de retención por IRPF, frente al 15 % vigente hasta ahora, sobre nuestros cada vez más mermados ingresos y nuestros cada vez más altos costes de explotación, sin pagas extraordinarias, claro, y con jornada laboral tan larga como sea necesaria. La desaparición de la actividad en nuestro sector es un goteo incesante. Las pequeñas empresas y negocios familiares están todos los días haciendo piruetas en la cuerda floja para subsistir y en un gran porcentaje no lo consiguen.


Los funcionarios y demás empleados públicos tienen contratados sus servicios por una empresa que está más que al borde de la quiebra, el Estado. Es una empresa que garantiza la permanencia vitalicia del puesto de trabajo al que lo ganó por oposición pero tiene las arcas más que vacías. Tiene que pedir préstamos en el exterior continuamente para hacer frente a todos los pagos, a los salariales, a los sociales, a todos. No se recauda lo suficiente para vivir de los ingresos propios y hay que pagar un interés altísimo por ese dinero que se presta a la nación para que pueda seguir funcionando.


Desde hace ya varios años nadie ha podido engañarse viendo cómo se produce cada vez menos pero viendo también cómo todo el mundo exige mayores coberturas, prestaciones, subvenciones, donaciones, deducciones y otras dádivas varias. Se prefirió mantener la apariencia de una solvencia totalmente inexistente y cuando la cuenta corriente pública se acabó se empezó a vaciar también la hucha. Y ya se sabe, "de donde sacan y no meten, buscan y no hallan", que decía mi padre.


Ésta es la situación. No hay un duro, no hay un euro. Lo vemos en la calle, en los particulares, en las empresas y en las administraciones. El drama social es mayor de lo que parece y si este país va aguantando sin que se produzca el estallido social es gracias a que la familia sigue siendo la principal red de solidaridad a la que se unen otras entidades varias en su labor asistencial y caritativa.


La insolvencia de algunas entidades de crédito, aparte de su mejor o peor gestión, no es más que el reflejo de la caída en picado de los ingresos de los españoles por la falta de actividad laboral. Se concedieron muchos créditos y muy baratos. A nadie le obligaron a atarse a ellos casi de por vida, pero todo el mundo acudió a pedir prestado, a pesar de las vertiginosas subidas de precios por apenas unos pocos metros cuadrados de vivienda, pensando que la bonanza sería eterna. Como era lógico pensar, todo tiene un límite y estalló el globo. Ahora esos bancos que fueron menos cautos en pedir garantías y que favorecieron la política de la pancarta cubriendo las espaldas de los políticos temerarios, no ven abonada la deuda por los acreedores de los préstamos y sus depósitos, cada vez más menguados, no alcanzan a equilibrar su balances. Pero los bancos son la caja donde los demás metemos nuestro ahorro o nuestro circulante o pedimos un crédito a cambio de un precio, nada más. Cada vez hay menos circulante, menos ahorro y para préstamos ni queda dinero ni el atrevimiento de pedirlos con seguridad de devolverlos. Se intenta refinanciarlos para garantizar los depósitos y para compensar la pérdida de valor de los activos inmobiliarios que servían de garantía a las operaciones crediticias. Eso tiene un coste contable y un coste añadido, el de la imagen de país insolvente de cara a la inversión necesaria para crear actividad empresarial que proporcione puestos de trabajo productivos. La guinda del pastel.


Aquí llevamos perdiendo o viendo recortados derechos todos muchos años y el derecho a una estabilidad en el empleo es el primero que cayó y rodando después todos los demás. Los únicos que pueden presumir de estabilidad en el empleo son los funcionarios públicos, que no son todos  los empleados públicos. Los derechos a las pagas extraordinarias los quisieran muchísimos para sí, desde parados a autónomos, profesionales liberales y asalariados con prorrateos mensuales ínfimos de las mismas. Las ampliaciones de jornada son exhaustivas para cuantos intentan sobrevivir por cuenta propia e incluso ajena a cambio de una retribución cada vez más exigua. Las vacaciones de antes también se han encogido a la mínima expresión en una gran mayoría si no han desaparecido totalmente. El derecho al ocio, a la diversión al descanso no es que se recorte desde fuera es que se ha aurorrecortado por cada vez más gente. El derecho a fundar una familia, a la independencia personal, a labrarse un futuro es casi una utopía para millones de jóvenes. El derecho a una enseñanza de calidad, a una formación académica o profesional competitiva lleva lustros pisoteado produciendo cada vez más analfabetos siquiera funcionales y más deserción escolar. El derecho a comer más de una vez al día con una dieta medianamente equilibrada es un sueño para más españoles de los que parece.


Sólo queda esperar de esta crisis que nadie imaginaba tan cruel que aprendamos la lección de lo que no se puede hacer y de lo que se debe hacer como país. No es hora de banderías ni de querer seguir montados en el machito. Es hora de ser humildes y de saber que nos creímos ricos sin serlo o sin hacer lo bastante para llegar a serlo de verdad. O cambiamos el chip y volvemos a la disciplina del trabajo y del esfuerzo duro y productivo en todos los niveles de la vida social o no hay nada que hacer. El todo gratis nunca nos lo hemos podido permitir, aunque nos lo hayan hecho creer. El subvencionar a cambio de no producir es el mayor disparate económico con grave perjuicio en la predisposición social al trabajo. Las concesiones político económicas a cambio de no herir determinadas susceptibilidades han llevado al despilfarro imbécilmente admitido y soportado por demasiados inconscientes embobados por falacias de todo tipo. El derroche y el vivir de prestado nos ha traído hasta donde estamos, a todos los niveles, por todo tipo de responsables, públicos y particulares. 


O nos ganamos el derecho de ser considerados un país serio, cohesionado y competitivo mediante nuestra propia actitud nacional o veremos cómo seguimos perdiendo cada día más derechos. ¿Todavía hace falta que se nos diga todo esto?